Pago de la empresa cervecera a exempleados que reclaman utilidades ya sumarían más de $300 millones, por intereses y multas

Los industriales pidieron ser escuchados en el juicio laboral que enfrenta la Cervecería Nacional (CN) por una demanda interpuesta por extrabajadores de la empresa, por la que fue sancionada a pagar más de $90 millones.

El caso se encuentra ahora en la Corte Constitucional donde la empresa presentó un recurso de protección. Y fue precisamente en esa instancia, donde los industriales presentaron el denominado amicus curiae, una figura que les permitiría exponer sus puntos de vista sobre el caso.

Así lo anunció ayer el presidente de Cámara de Industriales de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, a nombre de 300 empresas socias.

El pedido se suma a la serie de respaldos que ha recibido la Cervecería en el caso por parte del sector productivo del país, así como de los equipos de fútbol de primera división que son auspiciados por la empresa.

Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de los industriales de Guayaquil, dijo que hicieron el pedido a la Corte porque la demanda contra la Cervecería podría sentar un precedente que podría afectar a otras empresas y, por ende, se pondría en riesgo miles de empleos.

"Un juicio laboral, como el que enfrenta la CN, resultaría insostenible económicamente para cualquier empresa", dijo.

En el país, además del caso de la CN existirían otras 12 empresas que estarían a las puertas de enfrentar reclamos similares, entre esas Coca-Cola, Holcim, Porta (Claro) y otras.

El asesor jurídico del gremio, Marcelo Bodero, recordó que en ese juicio ya no están en juego solo los $90 millones iniciales que solicitaron los extrabajadores hace tres años, y que un juez ordenó pagar a la empresa, por las supuestas utilidades impagas.

Esa cifra ascendería a $300 millones, si se toma en cuenta las multas y daños inmateriales tanto de los 1 000 exempleados como el de sus familiares, según Bodero, porque adicional a la demanda se deberían sumar los intereses por casi 21 años, es decir, tomando como base los $90 millones que el juez ordenó pagar a la empresa.

Aparte de eso, solo por multas, en el caso de la Cervecería, la empresa pagaría $180 milllones. Ello debido a que el juez duodécimo de lo Civil de Guayaquil, Pedro Iriarte, en una providencia emitida el 3 de mayo último, dijo que la CN debía pagar, por incumplir el pago, el doble de la demanda planteada por los extrabajadores. Y finalmente estarían los daños inmateriales, los cuales serían incuantificables y estarían relacionados con afectaciones que los reclamantes pudieron haber tenido por el no pago de utilidades.

"Es decir, que si un trabajador pensó en recibir utilidades y adquirir un taxi en el año 1993, el daño inmaterial pudiera ser lo que el taxista dejó de ganar", dijo el abogado de los industriales.

La cancelación de este rubro, según la defensa de la CN, no fue demandada por los exempleados pero fue incluida en el juicio.

"Es decir, que son $90 millones más $180 millones igual a $ 270 millones de dólares, más los intereses no cuantificados, más daños inmateriales", dijo Bodero.

Los industriales aseguraron ayer que a su reclamo se han adherido otros gremios de Pichincha, Azuay, Chimborazo y la Cámara de Comercio de Guayaquil con sus casi 14 mil socios.

"Y ahora lo harán todas las Cámaras", dijo Alberto Salvador, del gremio de industriales. (NMCH)


Tres años amargos para la Cervecería

Si bien todo el proceso legal comenzó a ser público cuando la Cervecería Nacional, subsidiaria de SABMiller, dejó de producir alrededor de dos días sus marcas Pílsener y Club, en diciembre del 2010, todo arrancó en octubre de 2008.

Fue en esa año cuando cerca de un centenar, que luego resultaron 300 a nombre de 1 000 extrabajadores de la Cervecería Nacional, interpusieron la demanda contra la firma.

El reclamo estaba relacionado con el pago de utilidades entre los años 1990-2005, es decir tres años después de haber sido despedidos.

En agosto del 2009, los ex empleados consiguieron la evaluación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la presunta deuda y se determinó un monto total de $90,9 millones.

Y en julio del 2010, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, se excusó y señaló no tener competencia para resolver el caso.

Pero, cinco meses más tarde, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del Guayas, emitió la orden del cierre de operaciones y comercialización de las marcas Pílsener y Club Verde.

La producción se paralizó por cinco días, justo cuando la empresa de la bebida de moderación se preparaba para festividades de fin de año.

La paralización de operaciones significó para la compañía la pérdida diaria de $3 millones.

El caso tomó otro giro cuando en este año, el 4 de febrero, el asambleísta Galo Lara denunció un supuesto soborno de la Cervecería por $ 1,5 millones en la Corte Constitucional para dejar sin efecto el caso.

El 7 de febrero, la denuncia obligó a la Corte a trasladar el proceso hacia la Corte del Guayas.

El 9 de marzo, la tercera Sala Penal del Guayas falló a favor de los extrabajadores y pasó el caso a cargo del Juzgado XII de lo Civil del Guayas para su ejecución.

Ya para el 12 de abril, los exempleados presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, mientras el 21 venció el plazo para el pago.

En marzo, se determinó que la compañía debía pagar $90,9 millones, más intereses.

Pero, el proceso se ha dilatado. Hoy, Alfonso Luz será el juez encargado de la resolución del recurso extraordinario de protección que interpuso Cervecería en la Corte Constitucional (CC), con la intención de dejar sin efecto la sentencia que dictaminó el pago.

El asesor jurídico de la Cámara de Industrias, Marcelo Bodero, en entrevista con www.burodeanalisis.com, asegura que hasta ahora la única reforma que conocen respecto al Código de Trabajo es la que pretende declarar imprescriptibles los derechos laborales.

El abogado piensa que lo normado hasta el momento ha provocado un retroceso en las políticas laborales, más que un avance; pero cree necesario que se inicie un diálogo entre empleados y empleadores para poder realizar una legislación con consenso que beneficie a todo el país.

En términos generales, es más un retroceso que un avance. Desde el marco constitucional aprobado, que es más garantista del que ya existía en la Constitución de 1998. Por otro lado existe una serie de preceptos que incluso yo diría son un poco ambiguos o contradictorios en sí mismos. Por ejemplo, la iniciativa privada en el marco constitucional queda relegada como un factor primordial para el desarrollo del país.

En algunos aspectos sobre todo, por ejemplo, en los sectores estratégicos la Constitución relega la posibilidad de que los sectores privados puedan, salvo excepción, invertir por lo tanto desarrollar actividades productivas en aquellos sectores. Entonces sin duda es un retroceso.

Bueno, sin duda empezamos con los mandatos aquellos que nos negaron la intermediación laboral, la tercerización de los servicios complementarios, también el trabajo por horas. Es curioso por cierto que el Ejecutivo se haya dado cuenta de que aquello fue un error al punto que en el Código de la Producción, se establece un nuevo mecanismo que hace permisible cierto tipo de contratación que de alguna forma trata de asemejar de aquellas que fueron abolidas.

Por supuesto las empresas tratan de evitar el riesgo laboral y sobre todo el termino riesgo porque el día de hoy, en que se dan una serie de acciones inconstitucionales, se pretenden reclamar por parte de extrabajadores derechos que no le asisten, porque muchos de ellos están prescritos.

Ante estas pretensiones multimillonarias de parte de extrabajadores, los empresarios pues retroceden, ellos tienen temor que esas mismas acciones en algún momento les lleguen a afectar. El caso Cervecería es paradigmático.

Se debe analizar más a fondo los hechos. Las acciones en materia laboral tienen tres años para hacerse ejercitar, pasados los cuales esta clase de derechos (laborales), no pueden ser accionados, no pueden ser reclamados. Estamos hablando de casos como Ecapag, como Autoridad Portuaria, el ingenio Aztra; le estoy mencionando una entidad pública y una empresa pública.

Las acciones por las que se quieren reclamar (los extrabajadores), estos supuestos derechos son las mismas, todas prescritas. Incluso una de ellas ya pasada por autoridades y juzgados que es un tema diferente al tema de la prescripción, otras sencillamente absolutamente absurdas.

No. El problema no es de la Constitución. El problema acá es el abuso por parte de los accionantes, pero más grave aún, es la posición de los jueces que obviamente, no todos los jueces, algunos abusan de ese derecho que deben de aplicar y sencillamente tratan de esta forma de favorecer a una parte. ¿Con qué intereses? no se lo puede decir. Es algo bastante oscuro por decirlo menos.

Hemos hecho llegar cartas a la Asamblea Nacional, al Señor Presidente, así como a la Ministra Nathalie Cely, que es la ministra Coordinadora de la Producción, para que seamos escuchados respecto a estos proyectos de reforma normativa. Porque son asuntos que conciernen a la empresa y a la industria por presupuesto.

Desafortunadamente, lo último que está debatiendo en la Asamblea es una reforma planteada por un asambleísta, si mal no recuerdo de Sociedad Patriótica. Ese proyecto de reforma se refiere justamente a los que estamos hablando en dar la prescripción de las acciones.

Aquí no estamos trabajando para crear un Código nuevo, moderno, acorde con las disposiciones, con la técnica universal. Se puede decir casi en derecho legal, que aquí estamos trabajando contra corriente, aquí a alguien se le ocurre estas “novedades” que son una locura, que existen en los países dictatoriales, donde nada prescribe, donde no existe cosa juzgada, situaciones de excepción. Pero en los países del orden las acciones prescriben, de todo tipo, salvo unas muy reducidas en casos como delitos de genocidio.

No hay dos bandos. El hecho que exista un grupo de abusivos y quieren esquilmar empresas no significa que todos los trabajadores del Ecuador sean abusivos. El hecho a su vez, de que haya existido empresarios hayan abusados de determinada forma de contratación o que no haya cumplido con su derecho, no significa que todos los empleadores sean de esa naturaleza.

Lo que sí, y asiento con usted es debiera ese gran grupo de trabajadores y empleadores, que son gente que quiere el bien para el país, unirse y plantear ellos reformas positivas a la legislación laboral y de otra índole también.

El tema es más grave, no es un exhorto a que intervenga, la Asamblea Nacional, el pleno, decidió que la Comisión de lo Laboral se presentara como tercer interesado en un amicus curiae. Imagínese todo el peso que implica que uno de las funciones del Estado, se presente para inclinar en sí la balanza, para intimar la causa a favor de los extrabajadores de un ingenio, en este caso concreto el ingenio Aztra, actual Ecudos, empresa que por cierto del Estado.

No conozco si fue presentado, pero lo cierto es que es una resolución de la Asamblea, exhortando prácticamente a la Corte a que falle a favor de los trabajadores de Aztra, en perjuicio del propio Estado.

Si permiten que estas vías continúen, Ecapag, APG, Petroamazonas, todas las empresas del país, todas, van a tener un pasivo laboral incalculable y por lo tanto se convierte en empresas fallidas inviables.